Hoy en día el fenómeno de las descargas ilegales de Internet ha alcanzado proporciones inimaginables, permitiendo con ello el acceso de millones de personas de manera gratuita y relativamente fácil a manifestaciones culturales o científicas por las que no hubieran podido pagar, o que simplemente no hubieran podido conseguir. Este es precisamente el argumento central de quienes se oponen a medidas como las que propone la ley Sinde, el acceso universal a todas las manifestaciones de las creaciones humanas, sin distingos de tipo económico o de origen.
Pero este mismo argumento trae en si mismo el contra argumento para la tolerancia abierta a las descargas de Internet, y es que tanto los Estados como la comunidad internacional tienen la obligación de proteger a los creadores de las diversas obras, de manera que estos puedan obtener unos rendimientos razonables por sus creaciones y se incentive así el talento humano. Solo en tanto el Estado pueda garantizar que las personas que creen las diversas obras puedan subsistir decorosamente gracias a su ingenio, se incentiva el talento del ser humano y surge la cultura.
De nada sirve que un artista componga una canción, escriba un libro o un poema si de ello no va a obtener un rendimiento que le permita subsistir. Los países donde no existe la protección a la propiedad intelectual carecen de artistas propios, destacándose como grandes importadores de cultura.
El problema radica en el camino que debe recorrer la creación para llegar a los destinatarios finales de la cultura, llámese audiencia, lectores, espectadores, etc., camino en el que encontramos un sinnúmero de intermediarios con intereses particulares y que van generando sobre costos por su actuación. La industria musical, quizá la más afectada por este fenómeno de las descargas ilegales, donde además del cantante y el productor, tenemos el publicista, la casa de discos, los encargados de la producción física del disco compacto hasta llegar a la tienda de discos, que debe obtener algo por vender el producto. Son estos intermediarios los que encarecen la creación y, naturalmente, dificultan el acceso a la cultura, pues hay que reconocer los abusos que en materia de precios existen no solo en la industria musical sino también en el cine y la literatura.
La solución no pasa por permitir las descargas ilegales de manera abierta, sino por buscar mecanismos que permitan el acceso legal a los contenidos respetando los derechos de autor, pero a precios razonables, lo cual es posible gracias a sistemas como el ITUNES, que permite la descarga de contenidos a precios más que razonables, de manera sencilla y práctica con el respeto a los derechos de autor y el respectivo reconocimiento por las creaciones.
Es el momento de que nuestros legisladores tomen conciencia del valor inmenso que representa el vasto patrimonio cultural del que goza nuestro País que contrasta con la indiferencia que ciudadanos y legisladores dispensan al tema de las descargas ilegales y la obtención de copias ilegales de creaciones humanas.
MENOS SAMBA Y MAS TRABAJAR EN MEJORAR...
Es hora de reprimir severamente este tipo de comportamientos y darles a nuestros artistas el lugar que se merecen, además de generar conciencia colectiva sobre la importancia de respetar los derechos de autor.
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